La guerra contra las drogas, el doble rasero de Trump contra América Latina
La detención de Maduro por presunto tráfico de drogas contrasta con el indulto del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, condenado por el mismo delito
La guerra contra las drogas retoma el protagonismo de décadas pasadas en América Latina, de la mano de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump. La captura de Nicolás Maduro en Caracas, este sábado, en un operativo pocas veces visto en la región, enmarca el nuevo paradigma. Las drogas se erigen de vuelta en el enemigo público número uno para la gran potencia norteamericana, como hasta hace poco lo fue el terrorismo islamista. Los movimientos de Trump en los últimos tiempos revelan, sin embargo, ciertas contradicciones, que cristalizan en la figura del ahora indultado Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.
Condenado hace año y medio en Nueva York, misma ciudad que acogerá el proceso contra Maduro, Hernández recibió el indulto de Trump hace apenas un mes. Fue una decisión controvertida, dada la condena contra el exmandatario centroamericano, que gobernó Honduras de 2014 a 2022. El jurado lo halló culpable de narcotráfico y posesión de armas automáticas –delitos que la justicia de EE UU finca igualmente a Maduro– y un juez lo sentenció a 45 años de prisión, pena que debería haberle mantenido en la cárcel de por vida. Pero entonces apareció Trump que, con un mensaje en su red social, Truth, anunció su perdón a finales de noviembre.
El republicano justificó su decisión días más tarde, señalando que la administración de su antecesor, Joe Biden, había tendido una trampa a Hernández. “La gente de Honduras pensó que le habían tendido una trampa (…) Analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos», dijo el presidente estadounidense. Trump no aportó prueba alguna de la supuesta trampa que sus antecesores habrían preparado contra el exmandatario hondureño –tampoco dijo qué gente de Honduras le había dicho tal cosa. Días después, Hernández, que pertenece al mismo partido del candidato presidencial al que Trump apoyaba en el país centroamericano, Tito Asfura, dejó la cárcel.
Los paralelismos entre el proceso contra Hernández y el que inicia ahora contra Maduro trascienden a los cargos. En ambos casos, la justicia estadounidense implica a uno de los principales traficantes mexicanos de los últimos 30 años, Joaquín El Chapo Guzmán, cabecilla del Cartel de Sinaloa. En el caso de Hernández, la Fiscalía de Estados Unidos probó que la estructura del Chapo, que cumple una condena en Colorado por narcotráfico, entre otros delitos, sobornó al entonces presidente hondureño con millones de dólares, a cambio de que su Gobierno le dejara usar las carreteras, las costas y el espacio aéreo nacional para traficar cocaína.
La acusación contra Maduro, nacida en 2020, durante el primer mandato de Trump, actualizada y divulgada este sábado, señala que el mandatario venezolano, su hijo, su mujer, y otras personas, caso del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, “se asociaron” con el Cartel de Sinaloa para traficar cocaína a Estados Unidos, a través de Venezuela. El documento da algunos ejemplos y dice que, en 2011, El Chapo financió la construcción de laboratorios de cocaína en Colombia. Las FARC movían la cocaína producida de Colombia a Venezuela, donde la transportaban hasta pistas de despegue, todo con el visto bueno de Maduro, entonces todavía bajo el ala de Hugo Chávez.
Las contradicciones van más allá de la diferencia en el trato a los mandatarios. Ni Venezuela ni Maduro parecen jugar un papel importante en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, una de las obsesiones de Trump estos años, con que ha justificado buena parte de sus amenazas a sus socios regionales, particularmente México. No es ningún secreto que Venezuela da salida a la cocaína que se fabrica en Colombia, y en menor medida en Perú y Bolivia, todos países productores de hoja de coca, materia prima con que se produce la droga. Pero su papel en la producción y el tráfico regional de fentanilo es nulo.
Así lo dice la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que apenas detectó aseguramientos del opioide en el país sudamericano, entre 2022 y 2024, nada que ver con México o Canadá. La epidemia de muertes por sobredosis de opioides y opiáceos en Estados Unidos en los últimos años, que se cuentan por decenas de miles, fundamentan los alegatos de Trump, pero poco tienen que ver ahí Venezuela o Maduro. Tampoco parece uno de los negocios del Tren de Aragua, otro de los objetivos del mandatario estadounidense, designada organización terrorista hace unos meses. En la acusación contra Maduro, el tráfico de fentanilo ni siquiera aparece.
Lo ocurrido en Venezuela, donde la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, habría dejado varias decenas de muertos, manda un aviso a la región, particularmente a Colombia. A preguntas de los periodistas, Trump le ha dicho este sábado a Gustavo Petro, presidente del país sudamericano, que “vigile su trasero”, en referencia a las “fábricas de cocaína” que funcionan en el país. A diferencia de Maduro, Petro ganó las elecciones en Colombia, sin polémica alguna. Además, este será su último año de Gobierno y no hay acusación ninguna en su contra. Pero, visto lo visto estos meses, todo puede cambiar rápido. Todo depende de Trump.
Observador Saharaui 