Por Mohamed K. – El caso Maduro ha emergido como una cruda revelación de los excesos contemporáneos de la política internacional. Presentado por la administración estadounidense como una operación decisiva contra un régimen considerado ilegítimo, fue organizado con gran fanfarria mediática, llegando incluso a sugerir la captura o neutralización del presidente venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, tras esta narrativa espectacular, muchos observadores denuncian un golpe de Estado encubierto, oculto bajo la apariencia de una demostración de fuerza.
Según este análisis crítico, lo que se presenta como una victoria estratégica es más un engaño que una auténtica demostración de superioridad militar. La doctrina defendida por Donald Trump, basada en la agresión verbal, las amenazas constantes y la ostentación de poder, adolece de un grave defecto: la ausencia de demostraciones tangibles. Se basa en una intimidación calculada, diseñada para mantener la ilusión de una potencia militar global líder cuya fuerza es principalmente simbólica y se basa en la cobertura mediática.
En el caso venezolano, circulan varias hipótesis. Algunas sugieren la complicidad de allegados de Maduro, dispuestos a negociar entre bastidores para proteger sus intereses. Otras sugieren el consentimiento tácito del propio presidente, impulsado por su deseo de evitarle a la población una intervención militar directa. Muchos analistas temían que dicha intervención hubiera transformado a Venezuela en un nuevo Irak: un país devastado y fragmentado, asolado por una inestabilidad crónica en nombre de una supuesta liberación.
Este caso plantea principalmente la cuestión de la responsabilidad de las instituciones internacionales. Si las Naciones Unidas no condenan claramente este tipo de injerencia y exigen la liberación inmediata e incondicional del presidente venezolano, sentarán un precedente de consecuencias trascendentales. Al permitir que esta lógica se imponga, la ONU contribuirá a allanar el camino para un desorden global sin precedentes, donde la fuerza prevalece sobre la ley.
Porque tal pasividad creará un auténtico precedente internacional que legitima la agresión unilateral, siempre que se disfrace de retórica moral o de seguridad. A partir de ese momento, cualquier Estado podría arrogarse el derecho a intervenir más allá de sus fronteras, invocando la lucha contra un régimen, una red criminal o una supuesta amenaza.
El caso Maduro trasciende el caso venezolano. Pone de relieve el gran engaño de Donald Trump, consistente en una política exterior basada en la intimidación y el espectáculo, con el riesgo de desestabilizar permanentemente el orden internacional. Al normalizar la agresión y los hechos consumados, se tambalea la idea misma del derecho internacional, dando paso a una peligrosa ley del más fuerte.
MK
Observador Saharaui 