GINEBRA – Expertos de las Naciones Unidas* condenaron hoy firmemente la acción militar a gran escala llevada a cabo por los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, el bombardeo de Caracas y otras ciudades, así como el secuestro forzoso del presidente Nicolás Maduro y su mujer.
«Estas acciones representan una grave, manifiesta y deliberada violación de los principios más fundamentales del derecho internacional, establecen un precedente peligroso y corren el riesgo de desestabilizar toda la región y el mundo», afirmaron los expertos.
Destacaron que el uso no provocado de la fuerza armada sobre el territorio soberano de Venezuela constituye una clara violación del Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe inequívocamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. También podría constituir el crimen internacional de agresión atribuible a los líderes políticos y militares involucrados.
Se informó que estas acciones provocaron la pérdida de un número desconocido de vidas. Estas acciones se ven además agravadas por el conjunto de medidas coercitivas unilaterales previas contra Venezuela, que incluyen un bloqueo naval y la incautación armada de petroleros, así como el asesinato extrajudicial de al menos 115 civiles presuntamente vinculados al narcotráfico. “Todas estas medidas son contrarias al derecho internacional y al derecho humanitario, incluido el derecho no derogable a la vida”, dijeron.
Los expertos de la ONU señalaron que, según el derecho internacional consuetudinario, los jefes de Estado en funciones son inmunes a la jurisdicción penal de tribunales extranjeros, aunque no de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, mientras estén en el cargo. Este es un principio afirmado por la Corte Internacional de Justicia en su fallo de «Orden de Arresto» de 2002, y es aplicable independientemente del reconocimiento diplomático o consideraciones políticas.
«Este ataque sin precedentes contra Venezuela no debe verse como un incidente aislado, sino como parte de un patrón más amplio y profundamente preocupante de desconsideración sistemática por la paz, el derecho internacional y las instituciones multilaterales», afirmaron los expertos. «Este retorno a la diplomacia basada en la fuerza incluye repetidos actos de agresión militar, incluidos asesinatos extrajudiciales y diplomacia coercitiva, la imposición de sanciones contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional y de un Relator Especial de la ONU por el trabajo realizado bajo un mandato confiado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.»
«Tomadas en conjunto, estas prácticas señalan un desafío deliberado al orden legal internacional y al principio mismo de que el poder debe estar limitado por la ley», dijeron. «Si se toleran, tales acciones normalizarían la anarquía en las relaciones internacionales y deteriorarían gravemente el orden global.»
Los expertos expresaron gran preocupación por las declaraciones públicas posteriores del presidente de los Estados Unidos, en las que afirmó que EE. UU. «gobernará el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y prudente» y que «vamos a sacar una tremenda cantidad de riqueza del suelo.»
Advirtieron que tales declaraciones equivalen a un flagrante desprecio por el derecho de los pueblos a la autodeterminación y su soberanía sobre los recursos naturales, pilares del derecho internacional de los derechos humanos consagrados en el Artículo 1 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, del cual los Estados Unidos son parte desde 1992.
«Los vastos recursos naturales de Venezuela, incluidos los mayores reservas probadas de petróleo del mundo, no deben ser explotados cínicamente a través de pretextos disfrazados para legitimar la agresión militar, la ocupación extranjera o estrategias de cambio de régimen», dijeron los expertos. «La comunidad internacional, incluidos los Estados y las empresas, tiene la responsabilidad fundamental de abstenerse de ser cómplices en cualquier estrategia imperial que viole los derechos humanos y los principios de no intervención y autodeterminación.»
Los expertos señalaron que, si bien América Latina lleva las cicatrices históricas de muchas intervenciones coloniales e imperialistas, también encarna una larga tradición de lucha por la resistencia y la emancipación.
«El futuro de Venezuela debe ser determinado por el pueblo venezolano únicamente, en plena soberanía, a través del diálogo y la rendición de cuentas, asegurando la participación significativa e igualitaria de las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones y adhiriendo plenamente a los principios de gobernanza democrática, respeto por los derechos humanos, independencia judicial y espacio cívico», afirmaron. «Esto debe llevarse a cabo libre de coerción externa, fuerza militar o estrangulamiento económico.»
«Instamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas a condenar la agresión de los Estados Unidos y a actuar de manera decisiva para detener todas las acciones contrarias al derecho internacional», dijeron los expertos.
«Mantener el derecho internacional es un imperativo para la supervivencia de un orden internacional democrático y equitativo basado en el estado de derecho», concluyeron.
• George Katrougalos, Experto Independiente en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo
• Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo
• Surya Deva, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo
• Farida Shaheed, Relatora Especial sobre el derecho a la educación
• Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias
• Nicolas Levrat, Relator Especial sobre cuestiones de minorías
• Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada
• Michelle Small (Presidenta-Relatora), Ravindran Daniel, Jovana Jezdimirovic Ranito, Joana de Deus Pereira, Andrés Macías Tolosa, Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios
• Ashwini K.P., Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia relacionada
• Cecilia M. Bailliet, Experta Independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional
• Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores
• Mai Sato, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán
• Elizabeth Salmón, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea
• Alena Douhan, Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos
• Ana Brian Nougrères, Relatora Especial sobre el derecho a la privacidad
Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo son expertos en derechos humanos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Juntos, estos expertos se conocen como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben salario por su trabajo. Mientras que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos sirven en su capacidad individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluyendo la OACNUDH y la ONU. Cualquier opinión o punto de vista expresado es únicamente responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de la ONU ni de la OACNUDH.
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Observador Saharaui 